Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras excluir de la minuta la propuesta para adelantar la consulta de revocación de mandato a las elecciones intermedias de 2027. La decisión legislativa modificó los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, enfocándose en medidas de austeridad presupuestal, mientras se descartó la alteración del artículo 35 que permitía a la mandataria promover dicho mecanismo de participación ciudadana.
Con esta determinación, la reforma se limita a establecer ahorros en los presupuestos de congresos locales, ayuntamientos y el propio Senado, así como ajustes en las remuneraciones de funcionarios electorales. Morena celebró el aval legislativo mediante redes sociales, calificándolo como un triunfo popular que reduce privilegios y aumenta la rendición de cuentas. Por su parte, el PAN y el PRI consideraron un logro de la oposición haber frenado los cambios relacionados con la revocación de mandato.
Michel González, secretaria general del PAN, declaró que con la eliminación del intento de convertir la revocación en una herramienta al servicio del poder, ganó la ciudadanía y perdió la simulación. En contraste, el Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena, replicó mensajes de apoyo a la presidenta tras la votación, aunque su postura fue determinante para que la iniciativa original no incluyera finalmente la modificación sobre las fechas de la consulta.
En el ámbito operativo, Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que aunque la exclusión del proceso de revocación es un punto positivo para la equidad de la contienda, persiste una tremenda complejidad para organizar los comicios de 2027. El funcionario explicó que el reto implica realizar en la misma fecha la renovación de la Cámara de Diputados y la elección judicial, lo que obligará a instalar casillas diferenciadas y duplicar personal, manteniendo una carga logística significativa.
Previo a la aprobación de la reforma, el INE hizo llegar un documento al Senado donde expuso que eliminara el llamado ‘bono electoral’ podría resultar más costoso que mantenerlo. El organismo reveló que pagó 2,419 millones de pesos a sus trabajadores por trabajo extraordinario en los tres últimos procesos comiciales: 449.2 millones en 2022 durante la revocación de mandato, 964.9 millones en el proceso electoral federal de 2024 y mil 5 millones en 2025 para la elección del Poder Judicial.
La minuta aprobada por el Senado fue remitida a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo. La exclusión de la revocación de mandato adelantada marca el fin de un episodio donde la administración de Sheinbaum invirtió capital político en buscar una reforma de fondo, concluyendo con un acuerdo que prioriza el ahorro presupuestal sobre la modificación de los mecanismos de participación directa propuestos inicialmente.