Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó en lo general una versión modificada del llamado Plan B electoral, iniciativa que fue despojada de sus puntos más controversiales tras el rechazo explícito del Partido del Trabajo (PT) a incluir la revocación de mandato para 2027 y la ampliación del periodo de campaña para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La votación, realizada aproximadamente a las 23:00 horas del miércoles 25 de marzo, marca un segundo intento legislativo después de que la propuesta original no alcanzara la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
La aprobación en esta cámara alta se concretó con el respaldo de Morena y sectores aliados, pero con una modificación sustancial en el contenido: se eliminaron los artículos que pretendían reformar el artículo 35 constitucional para permitir la consulta de revocación a mitad del sexenio y ajustar los tiempos de proselitismo. Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, estableció que su partido, el cual cuenta con seis senadores, apoyaría a la presidenta y al movimiento en términos generales, pero mantendría su oposición firme a los cambios específicos sobre la revocación y la campaña.
Como resultado de este filtro legislativo, la reforma que avanza se centra ahora en aspectos administrativos y de austeridad. Entre las medidas conservadas destacan la reducción del número de regidurías en los ayuntamientos, la imposición de límites al gasto operativo de los congresos estatales y el establecimiento de topes salariales para los funcionarios de los organismos electorales. Estos cambios buscan modificar los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, aunque el texto final deberá ser sometido a votación en lo particular y posteriormente regresar a la Cámara de Diputados para su análisis.
La dinámica de la sesión reflejó las tensiones dentro de la coalición oficialista. Mientras que la estrategia del ejecutivo federal buscaba blindar proyectos políticos a futuro mediante la revocación y la extensión de campañas, la postura del PT funcionó como un freno interno que obligó a mutilar la iniciativa antes de su aprobación en lo general. Legisladores de la oposición, como Agustín Dorantes del Partido Acción Nacional (PAN) y Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano (MC), participaron en el debate marcando posturas críticas frente a los intentos de reforma, aunque el desenlace estuvo determinado principalmente por la negociación entre Morena y el PT.
Con este avance parcial en el Senado, el proceso legislativo del Plan B electoral entra en una nueva fase donde la viabilidad de los artículos restantes dependerá de las negociaciones posteriores y de la votación en lo particular. La exclusión de los temas de revocación y campaña representa un revés para la agenda inicial de la presidenta Sheinbaum, quien verá cómo su propuesta original ha sido transformada significativamente por las condiciones impuestas por sus propios aliados legislativos.