Por Redacción
La República, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una nueva iniciativa de reforma electoral, denominada ‘Plan B’, que modifica las reglas para la consulta de revocación de mandato y ajusta la integración de los gobiernos municipales, con el objetivo declarado de reducir costos y privilegios. La propuesta, presentada este martes, busca que la consulta de revocación coincida con elecciones intermedias para ahorrar recursos y permitir que el titular del Ejecutivo realice proselitismo durante el proceso. Además, establece que el número de regidores por municipio oscile entre 7 y 15, y limita el gasto de los congresos estatales al 0.7% del presupuesto de la entidad.
La senadora de Morena, Laura Itzel Castillo Juárez, quien recibió la iniciativa, defendió la propuesta argumentando que busca un ahorro para las finanzas públicas y fortalece los mecanismos de participación ciudadana. “Es una reforma que privilegia el ahorro y la austeridad republicana”, señaló. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, respaldó la iniciativa y destacó que la consulta de revocación es un derecho ciudadano que debe ejercerse de manera más eficiente.
Sin embargo, la propuesta ha generado críticas y controversias desde su presentación. Un primer señalamiento apuntó a que el texto original omitió la palabra ‘paritario’ en referencia a la integración de los cabildos, lo que fue interpretado por opositores como un intento de acabar con la paridad de género. Ante esto, la Presidencia de la República corrigió el documento, señalando que se trató de una omisión involuntaria y que no existe intención de prescindir de dicha disposición constitucional.
Otra crítica provino de analistas como Elías Lixa, quien señaló que, contrario al discurso de ahorro, en estados como Yucatán la medida podría incrementar el gasto. Según su análisis, mientras en Mérida se reducirían dos regidores, en el interior del estado se crearían 221 nuevos cargos. Hasta el momento no hay una réplica oficial a esta afirmación específica.
El contexto de la iniciativa se remonta al rechazo de una reforma electoral más profunda, conocida como ‘Plan A’. La revocación de mandato fue incorporada a la Constitución en 2019 y se ejerció por primera vez en 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En aquella ocasión, participaron 16.5 millones de personas (17.7% del padrón de 97 millones), de las cuales 15.159 millones (91.8%) votaron por la permanencia del entonces presidente.
La oposición y diversos analistas políticos ven en esta nueva propuesta un mecanismo diseñado para dar ventaja electoral a Morena y a la propia presidenta Sheinbaum, quien obtuvo 35.9 millones de votos (59.75%) en las elecciones de 2024. Argumentan que alinear la consulta con elecciones intermedias y permitir el proselitismo presidencial convertiría el proceso en una plataforma de campaña permanente. Los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo han manifestado su apoyo a la iniciativa, lo que allanaría el camino para su aprobación en el Congreso, donde Morena y sus aliados cuentan con mayoría.