Por Redacción
Iguala, 22 de marzo de 2026.- Autoridades federales vincularon a proceso a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, por su presunta participación en la pérdida, ocultamiento o destrucción de videos de las cámaras de seguridad del Poder Judicial de Guerrero, relacionados con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. La funcionaria fue detenida en la Ciudad de México y se le dictó prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de cateo en el domicilio de la ex funcionaria, donde fueron encontrados cartuchos de arma de fuego y medicamentos controlados, delitos por los cuales también fue vinculada a proceso. Las indagatorias apuntan a que Estrada Ortega podría estar relacionada con la desaparición o manipulación de material videográfico considerado clave para esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Este desarrollo judicial se produce en un contexto de múltiples líneas de investigación que buscan avanzar en el caso Ayotzinapa tras más de una década de impunidad. De manera paralela, se reportó la detención de Ubaldo Segura Pantoja, un líder social vinculado a las protestas por el movimiento de los 43 normalistas, aunque las autoridades no han establecido una conexión directa entre este hecho y las otras líneas de investigación sobre la funeraria y los videos.
Simultáneamente, equipos de búsqueda continúan trabajando en la inspección de la funeraria Ángel de Iguala, donde se halló una bolsa de restos óseos humanos y un horno crematorio clandestino. Hasta el momento, no se ha confirmado la relación directa entre los restos hallados en dicho lugar y el caso de los estudiantes desaparecidos, manteniéndose la indagatoria en curso para determinar su origen y vínculo con los hechos de 2014.
La complejidad del caso ha sido destacada por organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas, quienes han exigido claridad sobre el contenido de los videos perdidos y su relevancia probatoria específica. La falta de precisión sobre los motivos exactos por los que se vincula a la ex funcionaria con la pérdida de dichas grabaciones genera cuestionamientos sobre la transparencia del proceso judicial.
Las madres y padres de los normalistas, junto con estudiantes de la normal de Ayotzinapa y organizaciones civiles, mantienen la vigilancia sobre estos avances institucionales. La presencia de funcionarios federales como Mauricio Pazarán, titular de la UEILCA, y Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, refleja la continuidad de los esfuerzos gubernamentales para dar respuesta a las demandas de verdad y justicia que han marcado la historia reciente de México.