Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La jueza Nora Ileana García Peralta vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex subprocuradora de Justicia de Guerrero, y a una exfuncionaria identificada solo como Margarita A., tras una audiencia celebrada este 19 de marzo en la Ciudad de México. La decisión judicial establece un plazo de dos meses para la investigación y dictó prisión preventiva oficiosa para Estrada Ortega, quien será trasladada al penal de Santa Martha Acatitla.
La Fiscalía General de la República (FGR) es la institución que lleva a cabo las investigaciones contra las exfuncionarias. En el caso de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, existen discrepancias en las fuentes consultadas respecto a los delitos específicos por los cuales fue vinculada. Mientras que algunas versiones apuntan a delitos contra la salud, otras especifican la posesión de cartuchos de arma de fuego y medicamentos controlados.
El contexto de estas acciones judiciales se enmarca en las indagatorias relacionadas con el caso Ayotzinapa, que refiere a la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero, ocurrida en septiembre de 2014. La investigación ha sacado a la luz hallazgos sobre la pérdida, ocultamiento o destrucción de videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, elementos considerados clave para el esclarecimiento de los hechos.
Respecto a la exfuncionaria Margarita A., la información disponible no detalla su nombre completo ni especifica si su vinculación a proceso responde a los mismos delitos que los de Estrada Ortega o si se trata de imputaciones diferentes dentro de las mismas líneas de investigación de la FGR. Tampoco se ha precisado el tribunal exacto más allá de la intervención de la jueza García Peralta.
La resolución de la jueza implica que Blanca María del Rocío Estrada Ortega permanecerá bajo régimen de prisión preventiva mientras avanza el proceso legal. La medida refleja la gravedad de los elementos presentados por la fiscalía en la audiencia, aunque persisten interrogantes sobre la conexión directa entre la vinculación por posesión de armamento y medicamentos y los delitos originales de desaparición forzada investigados en el caso de los 43 normalistas.
Este desarrollo judicial marca un nuevo capítulo en las acciones legales derivadas de la investigación del caso Ayotzinapa, involucrando ahora a autoridades que participaron en las procuración de justicia en Guerrero durante el periodo de los hechos. La FGR continuará con las diligencias necesarias en el plazo fijado para determinar la responsabilidad penal de las implicadas.