Por Redacción
Ciudad de Mexico, 20 de marzo de 2026.- Una jueza de control vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada, exsubprocuradora de Justicia de Guerrero, por los delitos de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud en la modalidad de posesión de psicofármacos. La decisión judicial se tomó durante una audiencia celebrada la noche del martes, donde también quedó procesada otra persona por los mismos hechos, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La vinculación a proceso deriva de un cateo realizado por la FGR en el domicilio de la exfuncionaria, ubicado en la Ciudad de México. Durante la inspección, las autoridades aseguraron cartuchos de arma de fuego y varias cajas de medicamentos controlados. Como consecuencia de estos hallazgos, la autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria y ratificó la prisión preventiva de oficio, ordenando el traslado de las involucradas al penal femenil de Santa Martha Acatitla.
Aunque la acción penal inmediata se fundamenta en los objetos encontrados en el inmueble, la investigación de fondo que motivó la solicitud del cateo está relacionada con el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo con la FGR, existe un testimonio que señala a Estrada como presuntamente responsable de la pérdida, ocultamiento o destrucción de los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Dichos registros visuales son considerados evidencia clave, pues se presume que captaron el momento en que policías locales interceptaron los autobuses en los que viajaban los estudiantes la noche de su desaparición. La desaparición de este material audiovisual ha sido una de las principales líneas de investigación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, así como una exigencia constante de los familiares de las víctimas para esclarecer los hechos ocurridos hace más de una década en Guerrero.
Blanca María del Rocío Estrada, de 73 años de edad, compareció ante la juez de control junto a su coprocesada. Durante la audiencia, la exsubprocuradora solicitó clemencia para su acompañante, argumentando su avanzada edad y frágil estado de salud, el cual incluye padecimientos crónicos y una fractura que le impide caminar con normalidad. La autoridad judicial tomó nota de las circunstancias, pero mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva para ambas investigadas mientras se desahogan las pruebas en el plazo fijado.
Este desarrollo judicial representa un nuevo capítulo en las indagatorias sobre la obstrucción de justicia en el caso Ayotzinapa, sumándose a las acciones previas contra otros funcionarios estatales acusados de manipular o eliminar evidencia crítica. La FGR continúa con las diligencias para determinar la responsabilidad de Estrada respecto a la desaparición de los videos, mientras el proceso penal por los delitos encontrados en su domicilio avanza bajo la supervisión del Poder Judicial federal.