Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control determinó vincular a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionados con el contrato para la construcción de una planta fotovoltaica que nunca se materializó. La resolución fue emitida tras una audiencia que se extendió por más de 23 horas en el Centro de Justicia de Río Nuevo, donde el magistrado Gerardo Anguiano Ceja consideró que las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado son verosímiles para abrir un juicio penal.
De acuerdo con la investigación judicial, durante su administración entre 2019 y 2021, Bonilla Valdez impulsó un acuerdo con la empresa Next Energy sin cumplir requisitos legales como licitación pública o permisos federales. El contrato, valorado en 4,500 millones de pesos a 30 años, comprometió finanzas estatales a largo plazo. La Fiscalía señala que el gobierno encabezado por el exmandatario realizó un pago inicial de 123 millones de pesos a la contratista, recursos que, según la acusación, fueron entregados por una obra que nunca se construyó.
Durante la audiencia, la defensa legal de Bonilla, encabezada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, presentó cinco líneas argumentativas para intentar desestimar la imputación. Los defensores cuestionaron la competencia de la autoridad que lleva el caso y sostuvieron que los hechos relacionados con el presunto peculado y el pago a la empresa habrían ocurrido fuera de la administración de Bonilla, argumentando que el exgobernador ya no tenía el cargo cuando se efectuaron dichas transacciones. Asimismo, alegaron que el proyecto correspondía a un contrato de servicios y no a la adquisición de un crédito fiscal.
Pese a los argumentos de la defensa, el juez resolvió que existen elementos suficientes para que el exmandatario enfrente un proceso penal, estableciendo un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria. Como medida cautelar, se impuso el pago de 100 mil pesos. La decisión marca un avance en un caso que permaneció estancado durante casi cuatro años, debido en parte al fuero constitucional con el que contaba Bonilla mientras fungía como senador, protección que perdió recientemente.
La vinculación a proceso reabre el debate político en Baja California, en un contexto de conflicto entre el exgobernador, quien ahora es dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), y la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila, de Morena. Al término de la comparecencia, Bonilla destacó el supuesto trasfondo político del caso y declaró que no veía sorpresas en la resolución, manteniéndose como inocente hasta que se determine su responsabilidad mediante sentencia definitiva.