Por Redacción
México., 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes el envío al Congreso de la Unión de un “Plan B” de reforma electoral, enfocado en recortar los presupuestos de los congresos locales, reducir el número de regidores en los ayuntamientos y disminuir el tamaño del Senado, con el objetivo de reorientar esos recursos, estimados en unos 4 mil millones de pesos, hacia obras públicas en estados y municipios. La iniciativa, pactada con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), será presentada formalmente este martes 17 de marzo, luego de que el llamado “Plan A”, que incluía una reducción más ambiciosa de la Cámara de Diputados, fuera rechazado el pasado 11 de marzo.
El anuncio se realizó desde Palacio Nacional, donde Sheinbaum explicó que la nueva propuesta busca “reorientar el presupuesto de los congresos locales, del Senado y reducir el número de regidores, para que esos recursos se queden en los municipios y los estados para obra pública”. La mandataria también señaló que, aunque este plan no incluye la reducción de privilegios a los partidos políticos, un objetivo que ella ha defendido, continuará insistiendo en ese punto en el futuro.
La propuesta surge tras el fracaso de la negociación de una reforma más integral, que según análisis previos contemplaba reducir la Cámara de Diputados de 500 a 400 integrantes. El PT y el PVEM habrían rechazado esa iniciativa por temor a un partido hegemónico y a poner en riesgo su propio registro. El nuevo acuerdo, alcanzado durante el fin de semana, se centra en los ámbitos estatal y municipal, dejando de lado, al menos por ahora, cambios polémicos a nivel federal como modificaciones al Instituto Nacional Electoral (INE) o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Según cifras citadas en reportes periodísticos, el costo por legislador local puede ser muy elevado, como en el caso de Baja California, donde se estima en 34.8 millones de pesos, o en Colima, con 5.1 millones de pesos. El ahorro total proyectado por algunos análisis editoriales ronda los 4 mil millones de pesos, dinero que, según Sheinbaum, será “etiquetado” específicamente para infraestructura. Sin embargo, el mecanismo legal preciso para garantizar ese destino y el número exacto de puestos a eliminar no han sido detallados públicamente.
La oposición aún no ha emitido una postura oficial detallada frente a esta nueva propuesta, que requerirá de mayorías en ambas cámaras del Congreso federal y posiblemente de la ratificación de los congresos locales para su aprobación. El contexto político sugiere que el gobierno busca capitalizar un mensaje de austeridad y eficiencia en el gasto, tras el revés legislativo de la semana pasada, aunque críticos ya advierten que la medida podría vulnerar el federalismo al imponer cargas financieras a las entidades federativas.